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Corte Suprema de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe

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    360 News
  • 4 ago 2020
  • 2 min de lectura

Redacción 360 News


Este martes, la Corte Suprema de Colombia ordenó el arresto domiciliario al ex presidente y actual senador Álvaro Uribe, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal; entre las que se encuentra las declaraciones de un antiguo paramilitar que en una primera fase del juicio había involucrado a Uribe al nacimiento de un bloque de las Autodefensas colombianas.

El caso por el cual Uribe está siendo procesado nace de una denuncia hecha en el año 2012 por el senador progresista, Iván Cepeda ante la Corte Suprema "por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles colombianas, a fin de involucrarlo en actividades de grupos paramilitares" detalla el diario El País. Pero el alto tribunal no accionó contra Cepeda y por el contrario prosiguió la investigación contra el ex presidente con la sospecha de que habría manipulado testigos contra el congresista.

Aunque la decisión de la Corte ya estaba precedida por una fuerte controversia que involucró pronunciamientos de funcionarios del alto Gobierno, del Centro Democrático, las instancias judiciales y hasta las del propio presidente Iván Duque, quien se pronunció al respecto diciendo “Seré siempre un creyente de la inocencia de Álvaro Uribe(...) “Yo creo que es una persona que en todo su comportamiento está la palabra honorabilidad”, reiteró el mandatario.

Sobre su arresto el propio Uribe escribió en su cuenta de Twitter que “la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria” dijo.

En este sentido, los sectores de oposición consideraron que los pronunciamientos por parte del Centro Democrático buscan actualmente generar presiones a la justicia. Por esta razón, el senador Cepeda pidió “cesar en sus intentos por intimidar y presionar a los magistrados de la Corte”, y solicitó a Duque comportarse como un jefe de Estado “y no como defensor de oficio de su mentor político”.


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